Tras cuatro meses de creación, el Ministerio del Interior tiene definida la política pública de seguridad

Boletín de Prensa N°062
Quito, 19 de agosto 2022
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, a casi una semana del acto terrorista que se registró en el sector del Cristo del Consuelo, en Guayaquil y dejó cinco personas fallecidas, señaló que ya hay un autor del hecho, el cual está “asociado a múltiples ilegalidades, pues cuenta con siete detenciones y, aparentemente, fue contratado para afectar a alguien”.
Destacó que gracias al estado de excepción decretado en Guayaquil, Durán y Samborondón, se realizaron varios allanamientos, se recuperó información de terminales móviles y fue así como se llegó al autor del acto violento. “Hoy contamos con el apoyo de diversos organismos internacionales, y sobre la evidencia que ya está en cadena de custodia se deben hacer las pericias”, refirió.
Apuntó que con el pasar de los días hay mayor claridad respecto a lo sucedido: “No podemos concluir en las motivaciones, pero tenemos algunos medios, uno de esos es el arma que está involucrada en al menos una docena de homicidios”.
Ayuda internacional
El ministro Carrillo informó que la Fiscalía realizó un pedido al FBI para su colaboración en el caso y, al momento, recaban información. En tanto, sostuvo que los primeros indicios que encontró la Policía Nacional fueron fragmentos metálicos, peróxido de amonio y acetona; mencionó que estos elementos son de fácil adquisición en el mercado.
También recalcó que la Embajada de Estados Unidos “levanta información para determinar el elemento exacto que se utilizó en la explosión”.
Adecuar la normativa
El secretario de Estado comentó que la normativa en Ecuador está diseñada en su gran mayoría para el delito común y es necesario adaptarla a las nuevas realidades.
“El problema que vivimos ahora no es de los ciudadanos, de las instituciones, o de las ciudades, es un problema del Estado y hay que resolverlo desde los tres poderes. Hay que hacer esfuerzos para fortalecer el sistema judicial y revisar las normas para el combate al terrorismo, pues solo hay un artículo en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)», manifestó.
En tal sentido, comentó que los actos de violencia que ahora enfrenta el país ameritan proyectos o reformas de ley que “permitan con capacidades especiales enfrentar esta nueva dinámica de violencia”.
Política pública
El ministro Carrillo destacó que la política pública en el Ministerio del Interior está definida, sobre la base de temas como ciberseguridad, terrorismo y otros asuntos ligados a las economías ilegales.
Asimismo, dio a conocer que con la Asociación de Jueces trabajan en un proyecto de seguridad para la administración de justicia, con el propósito de crear un canal de confianza de tal manera que los funcionarios puedan anticipar cuando se sientan amenazados o intimidados.
Contención de la violencia
El secretario de Estado sostuvo que si se miran los indicadores hay una contención de la violencia.
Declaró que, en los últimos cuatro meses, desde que se creó esta cartera de Estado se han desarticulado más de ocho organizaciones con economía criminal en Esmeraldas, Manabí y El Oro. “Es preciso entender de qué mercado ilegal viene esta economía. Hay mercados ilegales de enorme rentabilidad como la minería ilegal, contrabando, narcotráfico y trata de personas”, precisó.
Centros de rehabilitación
Manifestó que el Gobierno implementó una política de rehabilitación social que trabaja de manera interministerial. Además, se creó la política para el censo penitenciario, “empezamos el 22 de agosto y el informe estará listo el 7 de noviembre”. Refirió que esta información servirá para la creación de un modelo penitenciario. Además, señaló que se han fortalecido capacidades estructurales, están en formación guías penitenciarios, se ha mejorado la tecnología y reducido el hacinamiento.
Inversiones
Respecto a los recursos económicos, solo en Guayaquil se han invertido USD 11.4 millones, destinados a la parte operativa y adquisición de vehículos. También se refirió a los procesos para la compra de motos, chalecos y armas. “La intencionalidad es que al finalizar el Gobierno se quede una institución más fuerte para proteger y garantizar de mejor manera la seguridad”.