Boletín Nro.– 71
04 de agosto de 2026

Cañar (El Tambo). – Con el liderazgo del presidente Daniel Noboa Azin, el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Ecuador y en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó la madrugada de este martes 4 de agosto el operativo Gran Fénix – Operación «Templo del Sol», en la provincia del Cañar, orientado a la detención de personas investigadas por el presunto delito de peculado.

La intervención permitió la detención de René Alonso C. O., alcalde del cantón El Tambo; Edison Marcelo E. U., concejal del cantón; y Gabriel Gerardo O. A., promotor del evento artístico investigado. Asimismo, se ejecutaron dos allanamientos: uno a un domicilio particular y otro a las instalaciones del GAD Municipal de El Tambo.

De acuerdo con las investigaciones, los elementos de convicción recabados por la Unidad Nacional de Delitos Contra la Eficiencia en la Administración Pública (UCAP), de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Corrupción, evidenciaron un presunto esquema de recaudación irregular durante un evento realizado en el Estadio Municipal.

Las investigaciones establecen que, mediante un presunto acuerdo entre el contratista, el alcalde y el concejal que presidía el Comité de Festejos del cantón, se emitieron y comercializaron talonarios de boletos por un valor aproximado de 83.000 dólares. Sin embargo, se determinó que 49.545 dólares, producto de esa venta, no habrían sido depositados en las cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), lo que habría ocasionado un perjuicio económico a la institución.

Además, como parte del operativo se incautaron tres teléfonos celulares, dos laptops, cuatro computadores, un dispositivo de almacenamiento, una carpeta, cinco talonarios de boletos, una caja con boletos, un contrato y documentación diversa de interés para la investigación.

El Gobierno Nacional reafirma su compromiso en la lucha frontal contra la corrupción y la afectación de recursos públicos, garantizando que las estructuras que atenten contra la correcta administración de los fondos del Estado sean identificadas y llevadas ante la justicia.