Boletín Nro.- 310
21 de enero del 2026

Quito (Pichincha).- Este martes 21 de enero de 2026, María José Pinto, vicepresidenta de la República, junto al ministro del Interior, John Reimberg, entregó a la asambleísta Valentina Centeno el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes (NNA), una iniciativa del Ejecutivo orientada a enfrentar de manera integral al crimen organizado y fortalecer la protección de la niñez y adolescencia en el país.

Durante el acto, el Ministro del Interior, en su calidad de presidente del Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes (COPRUNNA), enfatizó que esta propuesta legislativa responde a una problemática estructural que afecta directamente a la seguridad del Estado. “El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes no es solo un problema social; es una amenaza directa a la seguridad del Estado, porque rompe el tejido social, debilita la gobernabilidad y pone en riesgo la paz social”, señaló Reimberg, al subrayar que el proyecto fortalece la articulación interinstitucional para prevenir, detectar y sancionar esta práctica criminal.

Asimismo, destacó que, “esta ley es una herramienta estratégica de protección integral y de seguridad del Estado para desarticular los mecanismos de reclutamiento criminal y sancionar con firmeza a quienes se benefician de la instrumentalización de la niñez…Esta no es una reforma sectorial, sino una respuesta integral del Estado que contempla cambios concurrentes en once cuerpos legales, entre ellos el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, así como las leyes de educación, cultura, deporte, salud mental y otras normativas fundamentales ”, afirmó.

Por su parte, la vicepresidenta de la República, María José Pinto, destacó el enfoque humano y de derechos de la propuesta legislativa. “Esta ley pone a los niños en el centro, no como cifras, sino como personas con sueños, talentos y oportunidades, cuando el Estado y la sociedad asumen su responsabilidad”, manifestó.

En tanto, la asambleísta Valentina Centeno resaltó la urgencia de una respuesta integral desde el ámbito legislativo.

El proyecto contempla el endurecimiento de las sanciones penales contra los responsables adultos, garantiza un tratamiento judicial especializado para los adolescentes involucrados e incorpora los delitos de reclutamiento y extorsión al régimen de denuncia con reserva de identidad del Código Orgánico Integral Penal (COIP), fortaleciendo la investigación penal y la protección de los denunciantes.

De acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proyecto será distribuido a los asambleístas, publicado en el portal web oficial y remitido a la Unidad de Técnica Legislativa para la elaboración del informe no vinculante y la posterior decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL).