Boletín Nro.- 102
22 de septiembre de 2026

El control migratorio no se limita a los puntos de ingreso al país: también se despliega de manera permanente en el territorio nacional. Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, el Ministerio del Interior, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó 18.961 operativos entre el 1 de enero y el 19 de septiembre de 2026 para verificar el cumplimiento de la normativa migratoria, identificar irregularidades y aplicar las medidas correspondientes.

Como resultado de los controles, se registraron 2.097 alertas migratorias, se inadmitió el ingreso de 1.811 personas y se emitieron 1.101 autos de inicio de procedimientos de deportación. De estos procedimientos, 156 se iniciaron con base en el numeral 7 del artículo 143 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, relacionado con personas extranjeras consideradas una amenaza o riesgo para la seguridad pública y la estructura del Estado. Estos procedimientos se desarrollan mediante la verificación de información y el análisis de la situación particular de cada persona, conforme al marco legal aplicable.

Entre las alertas migratorias registradas constan aquellas generadas a partir del intercambio de información con Colombia, Perú y México; así como las emitidas por INTERPOL relacionadas con terrorismo y con el sistema Angel Watch de Estados Unidos. La información es sometida a procesos de revisión y verificación para identificar posibles riesgos y determinar las medidas que correspondan de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Durante este periodo también se impusieron 7.590 multas por incumplimiento de la normativa legal vigente, como resultado de infracciones identificadas durante los procedimientos de control migratorio. Estas sanciones se aplican de conformidad con las disposiciones establecidas en el marco jurídico nacional.

Con el liderazgo del presidente Daniel Noboa Azin, el Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría de Migración y en coordinación con la Policía Nacional, mantiene controles permanentes para promover una gestión migratoria ordenada, verificar el cumplimiento de la ley y contribuir a la seguridad del país, con respeto al debido proceso y a los derechos de cada persona.