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Ministerio del Interior lidera mesas técnicas para construir el Plan Nacional de Contención y Reducción del Secuestro y la Extorsión 2025–2029

Boletín nro. 273
21 de octubre de 2025

El Ministerio del Interior, con el acompañamiento técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), inició el proceso de construcción del “Plan de Articulación para la Contención y Reducción del Secuestro y la Extorsión 2025–2029”, un instrumento estratégico que busca fortalecer la respuesta estatal frente a dos de los delitos que más afectan la seguridad ciudadana.

Durante tres días —del 15 al 17 de octubre de 2025— se desarrollaron mesas técnicas de trabajo en Quito, que reunieron a representantes de más de 30 instituciones públicas, organismos de cooperación internacional y fuerzas de seguridad. Estas jornadas forman parte de la primera fase del proceso, que contempla tres ejes de acción:

  • Prevención de los delitos de secuestro y extorsión.
  • Contención y fortalecimiento de capacidades institucionales.
  • Protección y atención integral a víctimas y testigos.

La segunda fase, prevista para los próximos días, incorporará un cuarto eje enfocado en la cooperación interinstitucional e internacional, con el objetivo de consolidar alianzas regionales y estrategias conjuntas de combate al delito.

La apertura oficial estuvo a cargo de Carla Suárez Jurado, oficial de programa de la UNODC, y del teniente coronel (S.P.) Luis Fernando Pérez Dávila, subsecretario de Combate al Delito del Ministerio del Interior, quien destacó que “la lucha contra el secuestro y la extorsión requiere del compromiso conjunto del Estado y la sociedad para recuperar la tranquilidad de los ecuatorianos”.

Las mesas desarrolladas incluyeron exposiciones de expertos internacionales, identificación de subáreas de acción y validación de propuestas.

Cada jornada es sistematizada por equipos técnicos del Ministerio del Interior y de la UNODC, quienes integrarán los aportes en la versión preliminar del Plan Nacional 2025–2029.

El proceso refuerza el liderazgo del Ministerio del Interior en la formulación de políticas públicas de seguridad y la consolidación de una estrategia nacional que articule prevención, respuesta operativa y atención a víctimas.