Ministerio del Interior y Empresa Pública de Movilidad de Cotopaxi firman convenio de cooperación para control operativo de tránsito

Boletín de Prensa N°080
Salcedo, 12 de septiembre 2022
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, suscribió hoy el convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi (EPMC) y el Ministerio del Interior, el cual tiene por objeto el control operativo de tránsito, dentro del ámbito de sus competencias, para planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en la provincia de Cotopaxi.
Entre las obligaciones que deberá cumplir el Ministerio está ejecutar el control operativo del tránsito hasta que la Mancomunidad ascienda a Modelo de Gestión A para la Gestión Descentralizada de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial Cotopaxi, determinado por el Consejo Nacional de Competencias.
En tanto, la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi se compromete a prestar las facilidades necesarias y proporcionar la logística a la Policía Nacional del Ecuador, para la ejecución del control de tránsito y transporte de los cantones que conforman la Mancomunidad para la Gestión Descentralizada de la Competencia de Tránsito.
“Con este convenio se puede llegar a especificidades que nos permitirán garantizar que las vías sean mecanismos de desarrollo social y de seguridad. Además, nos permite trabajar en la prevención y en actividades virtuosas con niños y jóvenes, para que mañana sean ellos quienes se comporten de mejor manera en el tránsito y tráfico, sean mejores peatones y conductores”, señaló el secretario de Estado.
Además, dijo que se debe considerar que en el transporte no solo se movilizan personas, sino muchos recursos y parte de la seguridad implica que existan protocolos para luchar contra el narcotráfico o microtráfico. “El transportista puede ser objeto y participar de forma inconsciente de este potencial”, advirtió.
Indicó que en materia de seguridad el Gobierno no pretende trasladar sus competencias. “Es trasladar aquellas responsabilidades que tenemos con nuestras comunidades como Gobiernos Autónomos Descentralizados. El actuar de los líderes territoriales es fundamental para fortalecer la convivencia pacífica”, refirió.
En tanto, Fredy Argoti, representante de la Policía Nacional, indicó que con este convenio se trabajará de manera coordinada entre los GAD y la Policía Nacional en materia de tránsito. “Se acordarán mecanismos y estrategias para la administración de competencias (…) Nos comprometemos a brindar asistencia técnica en materia de seguridad vial mediante programas y proyectos que garanticen la satisfacción de usuarios en los seis cantones”, apuntó.
Daniela Karolys, gerente de la mancomunidad de Cotopaxi, sostuvo que es la primera provincia en suscribir este convenio de cooperación. “Se abren las puertas para que avance este compromiso con la seguridad y control de vías en el país”.
Consulta Popular
El ministro Patricio Carrillo acompañó esta mañana al presidente de la República, Guillermo Lasso, a la presentación de las ocho preguntas de una posible consulta popular y más tarde acudió con los ministros de Gobierno y Defensa, Francisco Jiménez, y Luis Lara, respectivamente, a la Corte Constitucional para entregar el documento.
En declaraciones a la prensa, el secretario de Estado señaló: “Esperamos que los ciudadanos se pronuncien democráticamente y nos permitan adoptar algunos mecanismos de reforma, necesarios y urgentes, para enfrentar a la delincuencia organizada. La consulta popular se traduce en temas de seguridad institucionalidad y en cuidar el medio ambiente”, dijo.
Respecto a la solicitud de juicio político, indicó que es una actividad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. “Lo que nos preocupa no es el llamamiento a juicio, sino lo que está atrás, aquí no hay incumplimiento de funciones, lo que existe es un mecanismo de gente que cuida intereses. En junio quedó claro la participación democrática de la Policía Nacional bajo principios de legalidad. Lo que creemos que está detrás es haber declarado al narcotráfico la principal amenaza y haber adoptado decisiones en contra de esa economía ilegal y subterránea que da poder a ciertas personas”, concluyó.